A partir del 1 de enero de 2023, Jair Bolsonaro dejará de gozar de la llamada jurisdicción privilegiada tras más de 30 años en la política. Por lo tanto, las investigaciones en las que está involucrado pasarán a tribunales inferiores . Este hecho podría tener repercusiones en la estabilidad política y social del país, ya que cualquier amenaza a su libertad o derechos políticos podría provocar una fuerte reacción de su base política en el Congreso y en las calles.
Demandas más antiguas
Bolsonaro fue denunciado en 2003 por la Procuraduría General de la República (PGR) por el delito de incitación a la violación cuando declaró, en el pleno de la Cámara de Diputados, que “jamás violaría” a la diputada Maria do Rosário porque “es muy fea, no es mi tipo”. La denuncia penal se presentó en mayo de 2017. Sin embargo, en 2019, con la llegada de Bolsonaro al poder, la acción quedó suspendida. Por lo tanto, al finalizar su mandato, las denuncias pueden volver a tramitarse y deben remitirse a primera instancia.
En el Tribunal Supremo Federal (TSF) se encuentran abiertas cinco investigaciones contra Bolsonaro por actos cometidos durante su mandato . Se le investiga por difundir noticias falsas sobre la vacuna contra la COVID-19 , además de la investigación sobre noticias falsas y milicias digitales . También existe una acusación de injerencia en la Policía Federal y filtración de datos confidenciales.
En el Tribunal Superior Electoral (TSE), desde agosto de 2021, se encuentra abierta una investigación administrativa para esclarecer los ataques al sistema electoral brasileño . Si es condenado en este caso, Bolsonaro podría quedar inhabilitado por ocho años.
Además, existe una denuncia en el TSE contra el presidente por incitar a la violencia política , interpuesta con motivo del fallecimiento del tesorero del PT en Foz do Iguaçu (PR), Marcelo Arruda.
Nuevas demandas
La Coalición Brasil da Esperança –del futuro presidente Luiz Inácio Lula da Silva– presentó dos nuevas acciones de investigación electoral contra el presidente Jair Bolsonaro (PL) por abuso de poder político y económico y mal uso de los medios de comunicación.
Entre las acciones que motivaron las demandas, se encuentran :
- Las declaraciones del presidente que habrían buscado poner en riesgo el proceso electoral
- Las acciones judiciales interpuestas por el PL y la campaña de Bolsonaro alegando “fraude” en insertos de radio y viejos modelos de urnas
- Anticipación de transferencias de Auxilio Brasil y Auxílio Gás durante la segunda vuelta; inclusión de 500,000 mil familias en el Auxílio Brasil sólo en el mes de octubre
- El pago anticipado de prestaciones a los camioneros
Más susceptible a acciones legales
Los críticos del actual Gobierno Federal afirman que Bolsonaro estuvo constantemente protegido por el Fiscal General de la República, Augusto Aras. Por lo tanto, ahora, sin el apoyo del Fiscal General, sin el poder derivado de su cargo político y sin la jurisdicción privilegiada, para sus críticos, sería bastante vulnerable.
De esta forma, si él o sus aliados, y especialmente sus hijos, se ven amenazados por alguna acción legal, se cree que puede haber una fuerte respuesta a través de muchas protestas de sus partidarios , causando disturbios en el país y buscando desestabilizar al futuro gobierno para presionarlo.
