El miércoles (03/06), la Policía Civil puso en marcha un operativo contra un grupo criminal acusado de extorsionar a comerciantes, especialmente en la región de Baixada Fluminense y la Zona Oeste de Río de Janeiro, para obligarlos a comprar productos alimenticios, incluida harina de trigo, a proveedores vinculados a grupos paramilitares y facciones criminales. Agentes de la División de Represión del Crimen Organizado e Investigaciones Especiales (Draco/IE) ejecutaron órdenes de allanamiento en varias direcciones de las zonas oeste y norte de la capital. La investigación se centra en una trama que presuntamente combinaba coacción económica, control territorial y monopolización comercial para generar ganancias ilícitas para organizaciones criminales.
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Amenazas
Los investigadores descubrieron que el grupo utilizaba habitualmente amenazas de represalias, pérdidas económicas e incluso el cierre forzoso de negocios para presionar a los comerciantes a que cumplieran con sus exigencias. Según la investigación, las víctimas fueron obligadas a comprar productos en cantidades superiores a sus necesidades operativas y a precios significativamente más altos que los del mercado. El plan se dirigió principalmente a pequeñas y medianas empresas, muchas de las cuales se volvieron económicamente dependientes de la organización para poder seguir operando. Las autoridades creen que la campaña de intimidación creó un entorno en el que los comerciantes no tuvieron más remedio que aceptar las condiciones impuestas.
Estructura de negocio
Según los investigadores, el grupo desarrolló una sofisticada estructura empresarial diseñada para dar una apariencia de legitimidad a sus actividades delictivas. La red presuntamente facilitaba la distribución de mercancías y gestionaba las transacciones financieras generadas por el plan. La policía identificó indicios que sugieren que la explotación económica de los negocios locales forma parte de una estrategia más amplia de control territorial, mediante la cual organizaciones vinculadas a milicias y al narcotráfico extienden su influencia sobre sectores comerciales legítimos. Las autoridades creen que este modelo permite a los grupos criminales diversificar sus fuentes de ingresos y, al mismo tiempo, fortalecer su control sobre las comunidades y los mercados locales.
Mafia de la harina
La investigación está relacionada con las denuncias presentadas a principios de este año sobre la "Mafia de la Harina". En marzo, el gobierno municipal de Belford Roxo informó que traficantes vinculados a una facción criminal estaban obligando a los dueños de panaderías en algunas zonas de la ciudad a comprar harina de trigo exclusivamente a proveedores asociados con el grupo. Según las denuncias, el producto se vendía a casi el doble del precio normal de mercado. Esta práctica habría afectado a comercios de los barrios de São José y Parque Suécia, ubicados cerca del límite con el municipio de Duque de Caxias. Como consecuencia, el precio de un panecillo habría aumentado de R$0.50 a R$0.80 en algunos establecimientos. La comisaría número 54 abrió una investigación sobre el caso. Un informe indicaba que los comerciantes se veían obligados a comprar sacos de harina de 25 kilogramos por R$100, mientras que el mismo producto se vendía normalmente entre R$60 y R$70 a través de proveedores legítimos.
Investigación
El objetivo principal de la operación del miércoles es incautar documentos, registros contables, dispositivos electrónicos y otras pruebas que puedan ayudar a las autoridades a comprender mejor la estructura y las actividades financieras de la organización. Los investigadores también buscan identificar a todas las personas involucradas en la trama, rastrear el flujo de dinero generado por la operación y determinar si el grupo está vinculado a otros delitos. Según la Policía Civil, la investigación continúa y podría dar lugar a operativos adicionales a medida que surjan nuevas pruebas.
Análisis:
La operación contra la “Mafia de la Harina” ilustra una transformación más amplia en el modelo de negocio del crimen organizado en Río de Janeiro. En lugar de depender exclusivamente del narcotráfico o la extorsión, los grupos criminales buscan cada vez más controlar las actividades económicas legítimas dentro de los territorios que dominan. Al obligar a los comerciantes a comprar productos a proveedores vinculados a milicias u organizaciones de narcotráfico, estos grupos crean mercados cautivos que generan flujos de ingresos estables y, al mismo tiempo, refuerzan su autoridad local. Este tipo de coerción económica permite a las organizaciones criminales lucrarse con las transacciones comerciales cotidianas sin necesidad de recurrir a la violencia visible, lo que dificulta la detección y el desmantelamiento de su influencia.
