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El indulto navideño firmado por el expresidente Jair Bolsonaro el 22 de diciembre puede beneficiar a miles de personas condenadas por una serie de delitos en Brasil, como hurto simple, estafas, recepción y porte ilegal de armas de fuego.
Defensores públicos y juristas se mostraron sorprendidos por uno de los artículos del Decreto 11.302. Se trata del artículo 5, que establece que “se concederá un indulto navideño a las personas condenadas por un delito cuya privación máxima de libertad, en abstracto, no exceda de cinco años”. Es decir, el presidente benefició a todos aquellos condenados a prisión por delitos no violentos cuya pena máxima prevista en el Código Penal sea inferior a cinco años de prisión o detención.
Algunos expertos califican el decreto como el indulto más “beneficioso” firmado por un presidente en las últimas décadas . Tras la decisión presidencial, cada caso será analizado individualmente por el juez de ejecuciones penales, a partir de una solicitud de revisión penal presentada por abogados y defensores, lo cual debería ocurrir en los próximos meses. Otro punto que también llamó la atención es que el indulto de Bolsonaro beneficia a los condenados a prisión incluso si no han cumplido ninguna parte de la pena, algo considerado sin precedentes en la historia reciente de los indultos navideños.
Bolsonaro incluyó en el decreto el indulto de “policías condenados, aunque provisionalmente, por un delito cometido hace más de 30 años y que en su momento no se consideró grave”. Esta disposición beneficia a los policías condenados por la masacre de Carandiru en octubre de 1992, cuando 111 presos fueron asesinados durante una incursión de la Policía Militar de São Paulo en la Casa de Detenção do Carandiru, donde los presos se habían amotinado. Esto generó controversia y críticas por parte de activistas de derechos humanos.
Fiscal General acude a la Corte Suprema
El fiscal general de la República, Augusto Aras, interpuso el martes (27/12) un recurso ante el Tribunal Supremo Federal contra el decreto del expresidente Jair Bolsonaro que indultó a los condenados , entre ellos los policías militares implicados en la masacre de Carandiru, en São Paulo. Aras solicitó al tribunal la suspensión inmediata de la vigencia de un apartado de la norma, para evitar que se anulen las decenas de condenas del caso.
Nuestro análisis:
Según los abogados, el indulto es una prerrogativa del Presidente de la República; es un acto político del Presidente, y no de ley. Por lo tanto, debe ser evaluado políticamente. En principio, el Presidente tiene total libertad para otorgar el indulto. Por ley, simplemente no puede contemplar delitos atroces; narcotráfico, terrorismo y tortura. Según defensores y juristas, uno de los puntos del decreto que puede generar controversia en el STF es que el beneficio está destinado a los condenados a “privación de libertad” (prisión) y no a los condenados a “penas restrictivas de derechos”, tales como la prestación de servicios a la comunidad, castigo que normalmente se aplica a los infractores por primera vez. Así, el decreto beneficia a los reincidentes en detrimento de los primeros infractores. David Teixeira de Azevedo, profesor de Derecho Penal de la Universidad de São Paulo, cree que el indulto de Bolsonaro cumplirá el papel de descargar al Poder Judicial de los delitos contemplados. Para él, el propósito era establecer una política para que quienes cometieran delitos graves siguieran encarcelados. Lo que algunos expertos entienden como necesario en Brasil, ya que tenemos la tercera mayor población carcelaria del mundo. Según el Anuario Brasileño de Seguridad Pública, Brasil tiene 815,000 personas encarceladas, solo superado por Estados Unidos y China.
