La Cámara de Diputados aprobó el miércoles (23/11) un proyecto de ley que endurece las penas por el uso de teléfonos celulares dentro de las cárceles. Como el texto ha sido modificado, volverá al Senado.
La propuesta prevé una pena de prisión de dos a cuatro años para quien, bajo sentencia cerrada, use, posea o proporcione un teléfono celular o dispositivo similar, como una radio. Actualmente, el Código Penal sólo prevé penas de prisión de tres meses a un año para quienes “ingresen, promuevan, intermedien, ayuden o faciliten el ingreso de un teléfono móvil, radio o dispositivo similar, sin autorización legal, en un establecimiento penitenciario”. El texto determina que la sanción se aplica al director del centro penitenciario o al agente público que no prohíba el acceso del recluso al aparato telefónico.
El delito de ingresar, promover, intermediar, asistir o facilitar el ingreso de un celular al centro penitenciario será sancionado con pena privativa de libertad de cuatro a seis años. La propuesta también reforma la Ley General de Telecomunicaciones para exigir a los proveedores de servicios de telecomunicaciones que brinden acceso irrestricto a la información y las tecnologías para que los funcionarios penitenciarios puedan impedir la comunicación por radio.
Nuestro análisis:
Cada vez que se aplica una nueva regla para endurecer el sistema penitenciario, hay una fuerte ola de represalias por parte de los grupos del crimen organizado. El teléfono celular es una herramienta importante para los delincuentes en todas las prisiones del país. A pesar de estar prohibido, su uso y posesión está muy extendido, incluso los delincuentes los utilizan abiertamente para aplicar estafas, coordinar delitos y administrar sus organizaciones criminales. El real endurecimiento de la pena por posesión de celular puede generar una ola de acciones. Sin embargo, se debe considerar el hecho de que muchas leyes tienen su aplicación distorsionada o simplemente se ignoran en la práctica. A menudo, esto ocurre como resultado de funcionarios públicos corruptos o incluso de acuerdos informales entre autoridades y delincuentes que buscan un “término medio” para evitar una escalada de violencia.
