Ministerio de Justicia publicó una ordenanza que prevé la suspensión o multa de las redes sociales que no eliminen contenidos que fomenten la violencia. La ordenanza ya había sido anunciada por el Ministro de Justicia, Flávio Dino. la medida es parte de un paquete de acciones gubernamentales para combatir la violencia en las escuelas, especialmente después del ataque a una guardería que dejó cuatro niños muertos en Blumenau (SC).
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nueva norma
La norma trae un serie de obligaciones con las redes sociales. Entre ellos: eliminación de contenido que aboga por la violencia; presentación de informes de evaluación de riesgos sistémicos sobre la propagación de contenidos ilícitos; informar sobre el riesgo de acceso de los niños, niñas y adolescentes al contenido inapropiado para la edad, además de contenidos considerados ilegales, y nocivos; compartir con la policía datos que identifican al usuario o el lugar donde se publica la violencia contra las escuelas.
La ordenanza
La ordenanza también faculta a la Secretaría de Seguridad Pública de la Nación para determinar que las redes sociales impidan la creación de nuevos perfiles de direcciones IP donde ya se han identificado actividades ilegales o peligrosas. El ministro Flávio Dino afirmó que Las plataformas tendrán hasta dos horas para retirar contenidos considerados violentos. Empresas que controlan redes sociales pueden ser multadas con hasta R$ 12 millones en caso de incumplimiento de las medidas. En casos más graves, el servicio puede ser suspendido, según el ministro.
Aviso público de R$ 150 millones
El jueves (13/04), Las agencias de seguridad pública estatales y municipales podrán presentar propuestas de convocatoria pública que liberarán R$ 150 millones para reforzar el combate a la violencia en las escuelas. Según el Ministerio de Justicia, el objetivo de la medida es fortalecer los cuerpos de Seguridad Pública para actuar en las escuelas, con acciones preventivas y de patrullaje, además de monitorear e investigar posibles delitos, incluso en internet. Los municipios que tengan propuestas aprobadas por el Ministerio de Justicia recibirán entre R$ 100,000 y R$ 1 millón. Los estados y el Distrito Federal recibirán de R$ 500,000 a R$ 3 millones. Los recursos para financiar los proyectos provendrán del Fondo Nacional de Seguridad Pública.
Nuestro análisis:
La decisión de regular las redes sociales a través de un decreto ministerial, y no de una ley, despertó la preocupación de especialistas y organizaciones de la sociedad civil, a pesar de la situación de emergencia por hechos y amenazas de violencia en las escuelas. La amplísima regulación de las redes sociales se encuentra actualmente en discusión en el Congreso Nacional y es defendida por el actual gobierno. Para los expertos, el Estado sí debería mirar este tema de las escuelas con la urgencia que se merece, pero les preocupa que un solo ministerio adopte una ordenanza que prevé medidas como la posibilidad de bloquear el servicio. El mayor problema es la elección del instrumento normativo legal. Eso es porque el mecanismo podría usarse para amenazar la democracia. Lo ideal sería involucrar a otros órganos, incluido el Poder Judicial. Los investigadores argumentan que Brasil debería crear, como la Unión Europea, un organismo regulador con atribución legal para regular las plataformas en el contexto de la moderación de contenido.
