Presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) envió mensajes al Congreso Nacional solicitando el retiro de la tramitación de cuatro proyectos de ley que fueron enviados durante el gobierno de Jair Bolsonaro. Entre los objetivos del gobierno federal en las solicitudes está la propuesta que puede eximir de sanción al personal militar en operaciones de Garantía de la Ley y el Orden (GLO).
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Exclusión de ilegalidad
El proyecto de ley, que trata de la llamada “exclusión ilegal”, fue enviado por el expresidente Jair Bolsonaro en noviembre de 2019 y está firmado por los exministros Sergio Moro, Jorge Oliveira y Fernando Azevedo. Él trata de situaciones en las que el personal militar y los agentes de seguridad no pueden ser sancionados cuando cometen algo prohibido por la ley, como matar. El texto trata específicamente de las operaciones de Garantía de la Ley y el Orden (GLO), las cuales ocurren exclusivamente por determinación de la Presidencia de la República en situaciones consideradas extremas, tales como en la lucha contra el crimen organizado y en los grandes eventos internacionales.
El proyecto
El proyecto que el Gobierno pide que se interrumpa su tramitación prevé un cambio en la clasificación de lo que constituye legítima defensa para el personal militar y los agentes de seguridad durante las operaciones GLO. Por diseño, se consideraría que el agente actuó en defensa propia en situaciones que involucran práctica o práctica inminente de un acto de terrorismo, práctica o práctica inminente de conducta capaz de causar la muerte o lesiones corporales, coartar la libertad de la víctima, mediante violencia o amenaza grave, portación o uso ostensible de un arma de fuego. La propuesta también impide la detención in flagrante del agente en situación de legítima defensa. Sin embargo, los militares podrían ser sancionados en casos de exceso intencional.
Nuestro análisis:
El Código Penal brasileño ya prevé la exclusión de ilegalidad para cualquier ciudadano en tres situaciones: en estricto cumplimiento del deber legal, en casos de legítima defensa y en estado de necesidad. El nuevo texto trata exclusivamente de la actuación de los agentes de seguridad y militares en casos de operaciones de Orden Público (GLO) y define en qué situaciones se justifica la legítima defensa. Expertos señalaron que la propuesta, de aprobarse, vulneraría la libertad de expresión, y podría incentivar la violencia, ya que militares y agentes públicos tendrían una especie de carta blanca para no ser sancionados por autodefensa excesiva. También advierte del riesgo para la democracia si el proyecto sale adelante en el Congreso. Dependiendo de la situación, es posible que las exclusiones se apliquen en actos y manifestaciones políticas, lo que indica la posibilidad de que atenten contra las libertades públicas esenciales al régimen democrático.
