El gobierno enviará al Congreso Nacional un proyecto que establece penas de hasta 40 años para quienes atenten contra la vida de las autoridades . El texto forma parte del “Paquete Democrático”, firmado por el presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) en una ceremonia celebrada la semana pasada en el Palacio de Planalto.
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20 a 40 años
En los casos en que el objetivo sea alterar el orden constitucional democrático, el texto prevé que el acusado podrá ser condenado a penas de entre 20 y 40 años por delitos contra la vida de las siguientes autoridades: presidente, vicepresidente, ministros del Tribunal Supremo Federal, presidente del Senado, alcalde y fiscal general de la República.
Servidor Público y Empresarios
La propuesta también establece que, si el delito es cometido por un funcionario público, se produce la pérdida automática del cargo, función o mandato electivo . El texto prohíbe asimismo a las personas involucradas en actos antidemocráticos contratar con el Gobierno y obtener subsidios, subvenciones, beneficios o incentivos fiscales. Además, contempla la posibilidad de suspender los derechos de socio y administrador, mientras duren los subsidios, subvenciones, beneficios o incentivos fiscales, en los casos en que el condenado participe en una empresa mediante decisión judicial motivada.
Respuesta
El proyecto, que se suma a otras medidas que endurecen las penas para quienes cometen delitos contra la democracia, cobró impulso tras el ataque a la Plaza de los Tres Poderes, en Brasilia, el 8 de enero , cuando extremistas partidarios del expresidente Jair Bolsonaro (PL) invadieron y vandalizaron la sede de los tres poderes en Brasilia. A esto se suman las protestas frente a los cuarteles militares en todo Brasil que exigen un golpe de Estado para impedir que Lula asuma el cargo.
Apoyo de los Boinas Rojas de Brasil
La información obtenida a través de interrogatorios a los involucrados en las protestas y en los ataques fortaleció la aprobación de proyectos que buscan disuadir a grupos o individuos políticos de emprender acciones contra las instituciones democráticas. Alan Diego dos Santos Rodrigues, quien fue arrestado y condenado por intentar detonar una bomba instalada en un camión cisterna cerca del aeropuerto de Brasilia, declaró ante la Policía Civil del Distrito Federal que un grupo extremista formado por militares retirados recababa información sobre la seguridad de las autoridades y sobre las instalaciones del Supremo Tribunal Federal (STF) y del Congreso Nacional.
Según él, los extremistas —conocidos como “Boinas Rojas” o “paracaidistas”— estaban armados y cobraban por sus servicios. En diciembre, se ofrecieron a fabricar e instalar el explosivo en el camión cisterna , pero Alan Diego decidió hacerlo él mismo, con la ayuda de George Washington de Oliveira Sousa.
Según un informe de la Agencia Brasileña de Inteligencia (Abin), el grupo no tenía una estructura centralizada y estaba compuesto por soldados de reserva de las Brigadas de Infantería Paracaidista del Ejército, que comparten una posición político-ideológica similar: propensión a la violencia y desprecio por el estado de derecho.
Discurso a los agentes del orden público
El viernes 21, el presidente Lula (PT) declaró ante un grupo de policías que, al ser funcionarios públicos, no pueden ser miembros de ningún partido político y deben trabajar para quien ostente el cargo de Presidente de la República . Este discurso evidencia el clima de desconfianza que aún persiste entre el actual Gobierno Federal y las fuerzas de seguridad en todo el país.
Durante el mandato de Bolsonaro, el expresidente recibió un amplio respaldo de las fuerzas de seguridad , que en diversas ocasiones demostraron estar alineadas con sus ideas, especialmente las fuerzas armadas, muchos de cuyos miembros trabajaban directamente en el gobierno. Tras su derrota en las elecciones de 2022, miembros de este sector se manifestaron en contra del nuevo presidente y se vieron involucrados en situaciones que generaron sospechas, como la actuación de la policía militar durante los atentados del 8 de enero. Hasta la fecha, el gobierno intenta mejorar las relaciones con las fuerzas de seguridad, nombrando a personas para puestos específicos y proporcionándoles más recursos, además de recurrir a mecanismos legales como el mencionado anteriormente.
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