La guardia municipal de Río de Janeiro seguirá trabajando sin portar armas letales. La decisión fue tomada por el Órgano Especial del Tribunal de Justicia de Río, que la semana pasada juzgó constitucional una disposición de la Ley Orgánica de la ciudad que prohíbe el uso de armas de fuego. La corporación, sin embargo, seguirá estando autorizado a utilizar equipo no letal, como pistolas paralizantes.
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La decisión
En su voto, el juez ponente Celso Ferreria Filho coincidió con la tesis de que el tema de armar o no la guardia es de interés local. Y el Recordó que otra ley también aprobada en la Cámara de Río prohibió la fabricación y venta de armas en la ciudad, fue considerado constitucional.
Nuestra historia
La acción venía en marcha desde el año pasado (2022), cuando el PSD Nacional, partido del alcalde Eduardo Paes interpuso una representación cuestionando el veto. El PSD acudió a los tribunales a pedido del entonces diputado federal y exconcejal Jones Moura. Guardia municipal licenciado y ex concejal, Moura es el autor de un proyecto de ley para modificar la Ley Orgánica de Río que también elimina la prohibición. En ese momento, el PSD argumentó que el dispositivo violó la competencia exclusiva de la Unión, para legislar sobre material de guerra y portación de armas de fuego. Y que, además, al prohibir el porte de armas, el ayuntamiento también habría legislado en materia privada de la Unión para legislar en materia penal y laboral y la regulación de las profesiones.
Nuestro análisis:
La iniciativa de dotar de armas de fuego a los guardias municipales es un tema polémico que ha dividido opiniones en los municipios. Algunos especialistas entienden que las armas son necesarias para enfrentar la violencia y criminalidad cotidiana en la ciudad. Otros estudiosos de la seguridad pública creen que, si se diera permiso para el uso de armas de fuego, los agentes tendrían que pasar por un proceso de calificación y entrenamiento, y que los guardias armados podrían generar inestabilidad en la seguridad de Río. Además, existe la posibilidad de desvío de armas y de algunos agentes trabajando en paralelo para el crimen organizado.
