El Gobierno del Estado de Río de Janeiro rectificó su postura y solicitó el despliegue de tropas federales para reforzar la seguridad durante las elecciones de octubre, aproximadamente dos semanas después de haber informado a las autoridades electorales que las fuerzas de seguridad estatales eran suficientes para garantizar el proceso de votación. La nueva solicitud fue presentada por el Gobernador interino Ricardo Couto ante el Tribunal Regional Electoral de Río de Janeiro (TRE-RJ) a finales de junio. En el documento, el gobierno afirma que la participación de las fuerzas federales, operando en coordinación con los organismos estatales, es de suma importancia, especialmente para garantizar la seguridad de los votantes, los centros de votación y las máquinas de votación electrónica durante todo el proceso electoral, desde el transporte hasta el almacenamiento final.
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Cambio de postura
La solicitud representa un cambio de postura respecto a la posición anterior del gobierno estatal. En su comunicación inicial, tras consultar con la Secretaría de la Policía Militar y la Cámara de Representantes, el Poder Ejecutivo afirmó que las fuerzas de seguridad estatales contaban con la capacidad operativa suficiente para llevar a cabo las tareas relacionadas con las elecciones y concluyó que no era necesario solicitar refuerzos federales. Sin embargo, en el nuevo documento, el gobierno explica que su posición cambió después de una reunión con el TRE-RJ. Según la carta oficial, si bien el estado mantiene la capacidad operativa para cumplir con sus responsabilidades, el apoyo de las fuerzas federales se considera una medida adicional importante para fortalecer la seguridad y contribuir a garantizar la regularidad, la integridad y el buen desarrollo del proceso electoral.
El avance del crimen organizado
Entre la comunicación inicial y el cambio de postura, las investigaciones llevadas a cabo por la Fiscalía señalaron la creciente infiltración del crimen organizado en las instituciones políticas de Río de Janeiro. A mediados de junio, se realizó una operación contra el diputado estatal Val Ceasa, quien está siendo investigado por presuntamente intervenir con la Policía Militar para impedir la demolición de una propiedad de lujo vinculada al narcotraficante Álvaro Malaquias, conocido como Peixão. En sus alegatos judiciales, la Fiscalía declaró que la facción del Tercer Comando Puro (TCP) se había infiltrado en la Asamblea Legislativa del Estado de Río de Janeiro, un escenario similar al identificado previamente en el caso del exdiputado estatal TH Joias.
Ocurrencia frecuente
El despliegue de tropas federales para garantizar la seguridad electoral se ha convertido en una medida recurrente en Río de Janeiro durante las últimas décadas debido a la influencia de facciones criminales y milicias en diversas regiones del estado. Además de las elecciones de octubre, Río de Janeiro podría enfrentar otro proceso electoral a finales de este año. En agosto, se espera que el Tribunal Supremo Federal (TSF) reanude el juicio que determinará cómo se cubrirá la vacante en el gobierno estatal. Los magistrados decidirán si el nuevo gobernador debe ser elegido mediante votación directa o indirecta por la Asamblea Legislativa del Estado.
Análisis:
La decisión del gobierno de Río de Janeiro de solicitar tropas federales, tras haberlas declarado inicialmente innecesarias, refleja la naturaleza dinámica del entorno de seguridad del estado, más que indicar necesariamente un deterioro en la capacidad operativa de las fuerzas locales. La seguridad electoral en Río ha requerido desde hace tiempo una reevaluación continua debido a la presencia de grupos del crimen organizado capaces de ejercer influencia territorial e intimidar tanto a funcionarios públicos como a comunidades locales. En este contexto, el despliegue de fuerzas federales sirve no solo para ampliar la capacidad operativa, sino también para reforzar la confianza institucional en la integridad del proceso electoral.
El momento elegido para este cambio de política es particularmente significativo, dada la sucesión de investigaciones que apuntan a una creciente interacción entre el crimen organizado y los actores políticos. Las acusaciones que involucran a funcionarios electos y organizaciones criminales refuerzan las preocupaciones de larga data de que estos grupos buscan influir más allá de los mercados ilícitos tradicionales, extendiendo su alcance a las instituciones políticas y la dinámica electoral.
