La reciente presentación de la “PEC de Seguridad Pública” por parte del gobierno federal ha reavivado el debate sobre la necesidad de cambios en el modelo policial brasileño.La PEC de Seguridad Pública se centra en adaptar las competencias de las organizaciones policiales y mejorar la coordinación entre los diferentes niveles de gobierno, con el fin de abordar la creciente complejidad del crimen organizado. Sin embargo, también incluye disposiciones que reflejan los esfuerzos por la reforma democrática de la policía, como el fortalecimiento de las defensorías del pueblo y los departamentos de asuntos internos.
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Propuesta en la Cámara
El presidente de la Cámara, Hugo Motta (Republicanos), afirmó este lunes (26/05) que pidió a los diputados no llevar la PEC de Seguridad Pública al “terreno partidista y electoral” y se comprometió a hacer todo lo posible para aprobar la propuesta del gobierno, incluso con modificaciones.Según él, la propuesta de enmienda constitucional (PEC) presentada por el ministro de Justicia, Ricardo Lewandowski, representa una oportunidad histórica para avanzar decisivamente en la lucha contra la delincuencia. La propuesta fue enviada a la Cámara de Diputados el mes pasado y actualmente está a la espera del análisis de la Comisión de Constitución y Justicia (CCJ), el primer paso del proceso legislativo.
Cuatro pilares
Según el ministro de Justicia, Ricardo Lewandowski, la propuesta se basa en cuatro pilares. La primera es la coordinación entre las distintas fuerzas de seguridad de toda la federación., incluido el intercambio de inteligencia y las operaciones conjuntas. La segunda es la ampliación del Fondo Nacional de Seguridad Pública. y apoyo al sistema penitenciario. El tercero es el requisito constitucional de que todas las fuerzas policiales mantengan oficinas independientes de asuntos internos y del defensor del pueblo. El cuarto implica cambios en las funciones de la Policía Federal y los guardias municipales. Según la propuesta, la Policía Federal investigaría los delitos ambientales y las milicias locales, mientras que los guardias municipales serían responsables de la vigilancia abierta y relacionada con la propiedad, bajo la supervisión externa del Ministerio Público.
Cambios importantes
Sin embargo, diputados que siguen las negociaciones de la PEC indican que uno de los puntos más polémicos del proyecto del gobierno es la ampliación de las competencias de la Policía Federal. Las fuerzas policiales civiles han expresado su preocupación por la posible intromisión en las investigaciones locales, incluso cuando estas involucran a importantes facciones criminales. La PEC amplía el alcance de la Policía Federal al autorizarla a investigar delitos relacionados con daños ambientales y milicias privadas. En la práctica, esto podría llevar a la federalización de algunos casos que actualmente son competencia exclusiva de la policía civil estatal.
Sistema unificado
Un aspecto clave del PEC es la inclusión constitucional del Sistema Unificado de Seguridad Pública (SUSP). Además de estandarizar la distribución de las investigaciones policiales en todo el país, el SUSP requeriría que los gobernadores adopten registros de identidad nacionales para los residentes de su estado. El sistema también establecería una base de datos unificada de antecedentes penales accesible a todos los estados. No se prevé que estas medidas enfrenten una oposición significativa por parte de los legisladores.
Guardia Municipal
El Senado aprobó este martes (27/05) un Proyecto de Enmienda Constitucional (PEC) que incluye formalmente a los guardias municipales y agentes de tránsito dentro del marco de la seguridad pública del país. La enmienda garantiza la claridad jurídica respecto a sus responsabilidades. También autoriza a los guardias municipales a realizar labores policiales abiertas y a colaborar en las políticas y acciones de seguridad. Además, otorga a estas fuerzas acceso a fondos específicos de seguridad pública y una autorización más amplia para portar armas de fuego. La propuesta ahora pasa a la Cámara de Diputados.
Ley Antimafia
Se espera que el gobierno de Lula (PT) presente en los próximos meses un proyecto de ley destinado a redefinir la clasificación de las organizaciones criminales en Brasil. El proyecto de ley, denominado por autoridades y expertos como Ley Antimafia, establecería una agencia nacional para coordinar la lucha contra el crimen organizado. Los objetivos clave incluyen aumentar las sentencias para los líderes de grandes grupos criminales como el Primer Comando Capital (PCC), mejorar la recuperación de activos de las organizaciones criminales y permitir la suspensión cautelar de contratos públicos basada en evidencia de vínculos entre contratistas o proveedores y grupos criminales.
Análisis:
La introducción de la Propuesta de Enmienda Constitucional de Seguridad Pública (PEC) y el anuncio de la próxima "Ley Antimafia" representan pasos significativos del gobierno federal para abordar la creciente sofisticación del crimen organizado en Brasil. El esfuerzo por mejorar la coordinación entre los diferentes niveles de gobierno a través del Sistema Único de Seguridad Pública (SUSP), junto con la propuesta de formalizar las unidades de asuntos internos y las defensorías del pueblo, podría ayudar a cerrar brechas persistentes en la estrategia y la rendición de cuentas policiales.
Reformas institucionales como estas, si se implementan eficazmente, podrían mejorar la transparencia y fomentar una supervisión más eficaz de las fuerzas policiales, en particular en respuesta a las frecuentes denuncias de abusos durante los operativos. Sin embargo, la propuesta de ampliar las facultades de investigación de la Policía Federal debe evaluarse cuidadosamente para evitar conflictos con las fuerzas policiales civiles estatales, que ya enfrentan desafíos estructurales.
Fuentes: Fuente segura; A Folha de SP [1], [2]; Extra; El globo [1], [2].
