El Ministerio de Justicia publicó una ordenanza que vincula la transferencia de fondos del Fondo Nacional de Seguridad Pública a los 27 estados y al Distrito Federal con la reducción de la letalidad policial. El documento se oficializó en medio de las repercusiones de las acciones policiales en Río, Bahía y São Paulo, que provocaron la muerte de personas inocentes, pero no se había hecho público. Según la nueva ordenanza, todas las unidades de la federación deben presentar sus planes de acción para el uso de recursos en 2024.
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En teoría, según el texto, quienes no cumplan los objetivos no podrán optar a la ayuda económica del año siguiente. Además de destinar el 80% de los recursos a la reducción de las muertes violentas intencionadas, la nueva normativa publicada por Flávio Dino asigna un 10% a la lucha contra la violencia de género y otro 10% a la mejora de la calidad de vida de los profesionales de la seguridad pública.
Valores
En total, el presupuesto destinará R$ 1 millones anuales a financiar armas, municiones, suministros hospitalarios y vehículos. Cada estado recibirá entre R$ 35.3 millones y R$ 42 millones , dependiendo de ciertos factores técnicos.
Criterios
Para recibir los fondos a partir de 2024, cada estado debe presentar un plan de acción que cumpla, entre otros criterios, con la reducción de las muertes causadas por agentes de policía. Del total, el 80% debe destinarse a reducir las muertes violentas intencionales, incluidas las causadas por la policía.
Casos recientes
Entre finales de julio y principios de agosto, las acciones policiales en Bahía, Río de Janeiro y São Paulo dejaron al menos 59 muertos. Entre ellos, cuatro niños que recibieron disparos en la región metropolitana de la capital, Río de Janeiro.
Parlamentarios vinculados a la industria armamentística
A los parlamentarios vinculados a la industria armamentística no les gustó la ordenanza. Para ellos, vincular la transferencia de fondos con la letalidad policial no era conveniente, ya que el agente de policía no tiene ningún interés en arriesgar su vida. Cuando se enfrenta a un delincuente y se produce esta letalidad, sigue siendo penalizado por haber puesto en riesgo su vida.
Análisis:
La postura del Ministerio de Justicia intrigó a los expertos en seguridad pública y a los parlamentarios. Según estos observadores, una explicación a la discrecionalidad podría ser el hecho de que el Congreso está a punto de aprobar la ley orgánica de Policía Militar y Bomberos. La ley es considerada por expertos en seguridad pública tímida al abordar el uso de la fuerza y la letalidad policial, además de no avanzar en mecanismos de transparencia. Otro punto importante es que la ordenanza es aún vaga y no detalla los plazos para la entrega de estos planes ni cómo se realizará la inspección de las tasas de letalidad policial. Otro problema son las dificultades para integrar las estadísticas compiladas de diferentes formas por cada unidad federativa en el Sistema Nacional de Información de Seguridad Pública, Sinesp. La predicción de los objetivos para reducir la letalidad policial es positiva, pero requerirá el compromiso del Gobierno Federal. Como cualquier sistema de seguimiento, es esencial que se utilice eficazmente para recompensar las buenas prácticas y que los recursos sólo se liberen si se logran los objetivos. La clave para un seguimiento exitoso de este tipo es la transparencia, la auditoría y la rendición de cuentas.
Fuente: O Globo
